Ilustración: Felipe Muhr |
El 68% de los niños que se encuentra bajo
protección del Servicio Nacional de Menores (Sename) tiene más de ocho años de
edad. Por esa razón el Estado no iniciará el trámite que declara que pueden ser
adoptados. La falta de padres interesados y el cuidado por la reputación del
sistema, son las causas invocadas por el organismo, que deja a la mayoría de
estos menores institucionalizados de por vida y conviviendo con infractores de
la ley. María Fernanda Galleguillos, jefa del Departamento Nacional de Adopción
del Sename, reconoce: “Hemos fallado en restituir el derecho de vivir en
familia a todos los menores”.
Por Mariangel Berríos y Dominique
Soriagalvarro
Violeta Lara (24) recuerda que una
tarde se peleó con un grupo de compañeras del hogar Rodolfo Rencoret,
administrado por el Servicio Nacional de Menores (Sename), ubicado en Puerto
Montt, donde vivía desde los ocho años. Las funcionarias de la residencia la
castigaron todo el día encerrándola en la cocina y prohibiéndole las visitas
del grupo cristiano CVX. Violeta cuenta que ese día, a tres meses de cumplir
los 18 años, decidió escaparse del hogar. Acercó el camarote a una ventana del
segundo piso y amarrando las sábanas se descolgó hasta llegar al suelo. Ella
cumplía con las condiciones para ser adoptada: sus padres la habían abandonado,
sus abuelos estaban muertos, su tía la maltrataba y nunca fue a visitarla. “Yo
veía cómo las más chicas del hogar se iban. A mí igual eso me daba pena, porque
no tenía a nadie”, dice Lara. Pese a eso, el Estado nunca inició el trámite que
le daba esa posibilidad.
En junio de 2016, el diario La
Tercera publicó un diagnóstico hecho por el Sename, donde se
identifica a 1.334 menores viviendo bajo su protección, que están en estado
“crítico”, con: “Potencial riesgo vital y patologías mentales complejas”. La
cifra vino a reforzar la urgencia de revisar un sistema en crisis por falta de
recursos y personal calificado. La Comisión de Derechos Humanos del Senado
dedicó la sesión del 22 de junio a analizar el sistema de adopción en Chile y estableció
que era imperativo que la Presidenta dé suma urgencia al proyecto de ley que
reforma integralmente dicho sistema.
En Chile existen 12.442 niños sin
cuidado parental y alta vulnerabilidad, según cifras del Servicio Nacional de
Menores. Es decir, viven carencias económicas y afectivas. De acuerdo a datos
obtenidos por Ley de Transparencia, hasta abril de 2016, 159 niños han sido
declarados en condiciones para ser adoptados, pero aún no han sido vinculados
con una familia. De esos 159 menores, solo 10 tienen ocho años y más (ver
respuesta).
Carlos Soto, psicólogo y jefe en la
Región Metropolitana de la Unidad de Adopción del Sename, señala que, a mayor
edad de los niños, menor es la posibilidad de encontrar padres interesados en
su adopción. “Aunque la ley establece que se pueden iniciar causas hasta los 18
años, en la práctica nosotros vemos que esto no es posible. Cuando analizamos
si iniciamos una causa de susceptibilidad o no, es también proyectar si en el
futuro tendremos una familia. No podemos iniciar cualquier causa, porque el
sistema de adopción se desprestigia si no encuentras una familia”, afirma el
experto.
Según la Ley de Adopción 19.620, para
que un menor sea declarado como candidato a la adopción, un Tribunal de Familia
debe haber realizado una investigación que determine alguna de estas
situaciones: que el niño fue cedido –al Sename u organismo colaborador–, que
fue víctima de abandono o la inhabilidad parental de sus progenitores, que
aplica cuando estos vulneran los derechos de sus hijos. Después, se debe citar
a los familiares hasta el tercer grado de parentesco y corroborar que ninguno es
apto para el cuidado del niño. Este proceso puede extenderse entre seis meses y
dos años.
Soledad Navarrete, asistente social
de la Unidad de Adopción del Sename en la Región Metropolitana, señala que
cuando a un niño no le inician los trámites para que sea adoptado, incluso
aunque la institución sepa que no tiene la posibilidad de vivir junto a su
familia de origen, recae en todas las partes del sistema de protección la
responsabilidad de que ese menor permanezca en residencias toda su vida.
“Es responsabilidad de los jueces y
de los consejeros técnicos que tuvieron a la vista todos esos informes, sin que
les hiciera ruido lo que estaba pasando. Es responsabilidad de nosotros como
unidad no haber llegado a tiempo ni visto las alarmas que el sistema nos daba.
No habernos coordinado con los directores de los centros. Cuando el enlace
fracasó y ese menor tiene que necesariamente vivir hasta la adultez en un lugar
de protección, todos los operadores del sistema fracasaron y el precio lo paga
el niño”, concluye.
Mientras los directores de los
hogares y los jueces deciden, en los tribunales, iniciar los trámites de
adopción, los niños crecen en hogares del Sename o en uno de los cuatro
organismos colaboradores autorizados por dicha institución: Fundación Chilena de
la Adopción (FADOP), Fundación San José, Fundación Mi Casa y el Instituto
Chileno de Colonias y Campamentos. Hasta el 1 de abril de 2016 dichos
organismos habían declarado como adoptables a tres niños entre los ocho años y
la mayoría de edad, mientras que el Sename ha declarado a siete.
“El Sename ha ido promoviendo la
adopción de niños mayores, pero para la institución la adopción de niños
mayores son cinco o seis años. A los niños de ocho prácticamente ni siquiera se
les hace trámite de susceptibilidad de adopción, porque no hay familias
postulantes para niños grandes”, explica Yanett Maldonado, asistente social,
quien en su rol de evaluadora externa del Sename participa hace diez años en el
proceso de declaración de idoneidad de los padres. Es decir, determina si estos
pueden adoptar o no.
Las opciones de los menores que no
son vinculados con sus parientes y que no fueron adoptados son limitadas:
algunos permanecen en el sistema de protección del Sename hasta la mayoría de
edad viviendo en Centros de Administración Directa (CREAD), en Programas de
Familias de Acogida o en Centros Residenciales. Otros, se escapan en busca de
una vida lejos de las instituciones. Otros infringen la ley, continuando su
ruta a través de las distintas áreas del Sename, pasando del sistema de
protección a la reclusión.
Vivir en protección
Violeta recuerda que cuando era niña
todos los días veía cómo sus amigos se iban al colegio en la mañana. Ella tenía
ocho años, pero eso no era impedimento para que a esa misma hora cortara leña y
preparara el pan a sus seis primos. Durante la tarde salía a las calles de
Futrono y en los semáforos limpiaba los parabrisas de los autos estacionados.
Al llegar a la casa su tía le quitaba todo el dinero y si no cumplía con sus
tareas la mujer la golpeaba. Las marcas de los castigos, en su cara y brazos,
motivaron la denuncia de una vecina. Así llegó al hogar del Sename donde
insistieron en vincularla con su familia de origen, por lo que nunca pudo
declararse su susceptibilidad para ser adoptada.
Los expertos coinciden en que lo más
difícil de probar y el motivo que extiende el proceso de declaración de
adopción, es la inhabilidad parental. Por esto la iniciación de una causa para
que el menor sea adoptado puede tardar 16 meses en promedio. “Es el director
del hogar quien inicia el proceso cuando se da cuenta que la situación de
abandono del niño no se va a modificar, entonces los jueces debemos analizar
los informes que llegan desde el Sename para poder declarar a ese niño como
adoptable”, explica Luz María Barceló, jueza del 4° Juzgado de Familia de
Santiago.
La abogada y consejera técnica del
Sename, Cecilia Erazo, es la encargada de registrar y seguir las causas de
susceptibilidad de adopción en el 4° Juzgado de Familia de Santiago. Erazo
indica que este año, hasta el 13 de junio, el Tribunal de Familia de Santiago
ha declarado como adoptables a seis menores y ninguno de ellos supera los ocho
años de edad. “El sistema te obliga a que la edad se vuelva un criterio para
iniciar la causa de adopción. Los niños más grandes tienen más daño y por eso
he estado años con causas abiertas, sin tener familias que los acojan”, asegura
Erazo.
María Fernanda Galleguillos, jefa del
Departamento Nacional de Adopción del Sename, reconoce: “No todas las familias
están dispuestas a hacerse cargo de niños mayores o con alguna dificultad. Como
unidad hemos fallado en restituir el derecho de vivir en familia a todos los
menores, porque tú no puedes obligar a alguien a que acepte un niño”.
En el último Anuario Estadístico del
Sename, que data de 2015, se señala que de 510 adopciones concretadas, 62
corresponden a niños de ocho años y más. Esto equivale al 12% del total de
menores adoptados. Esa cifra considera tanto las adopciones en Chile como
aquellas en que los menores migran para integrarse a familias extranjeras. Al
analizar solo las adopciones en Chile, el porcentaje de niños mayores de 8 años
que son adoptados baja al 5%, esto es, solo 21 menores de un total de 408
adoptados (ver
documento).
María Elena González, directora
ejecutiva de FADOP, comenta que la fundación no trabaja con niños mayores de
seis años, ya que es muy complejo encontrar padres interesados en adoptar
menores de esa edad. “A lo largo de nuestra historia, que son 30 años, solo
hemos colaborado en la adopción de dos niñas mayores de ocho años”, afirma.
La mayoría de los niños que superan
los ocho años de edad, que no son revinculados con su familia de origen, están
destinados a vivir institucionalizados. De los 4.161 menores bajo protección en
la Región Metropolitana, el 68% tiene entre ocho y 18 años de edad, según
información entregada por el Sename en respuesta a una solicitud de Transparencia
(ver
respuesta).
La Ley N° 16.618, creada en 2004 y
que forma los Tribunales de Familia, indica que la permanencia de un niño en
una residencia no debe superar el año y debe ser revisada cada seis meses.
“Actualmente no contamos con el personal necesario, ni el trabajo intersectorial
para que esto se cumpla. Todos los tiempos se dilatan, porque los distintos
organismos involucrados en eso, como el Registro Civil o el Servicio Médico
Legal, a veces tardan seis meses en enviarnos un solo papel. Entonces los
informes llegan tarde a manos de los jueces”, dice Carlos Soto, jefe de la
unidad de Adopción del Sename en la Región Metropolitana.
Coincide en ello la jueza del 4°
Juzgado de Familia de Santiago, Luz María Barceló, quien explica que un factor
es el retraso en los informes de los hogares del Sename. “Estos informes no
llegan en el período que deberían, demorando hasta seis meses, que es el doble
de lo legal. Todo esto va retrasando el proceso”, asegura Barceló.
Nel Greveen, jueza del Tribunal de
Familia de Pudahuel explica que las demoras en la revisión de los casos afectan
la oportuna iniciación de trámites de adopción y también los seguimientos de
los niños que se encuentran en el sistema de protección: “Lo que propicia que
los menores vivan por largos períodos en los centros”.
Actualmente, de acuerdo a datos
entregados por el Sename vía transparencia, 4.156 menores viven entre uno y tres
años en alguna institución, mientras que el 13% permanece entre cinco y más de
diez años (ver
respuesta).
“Hay chicos que pasan tanto tiempo
institucionalizados que en los hogares forman un grupo humano que consideran su
familia. Otros que por malas decisiones de tribunales son entregados a
familiares que no se hacen cargo y terminan siendo delincuentes. El sistema no
está del todo articulado para que la ayuda llegue de forma oportuna”, aclara
Verónica Bravo, asistente social y evaluadora externa del Sename.
La influencia de los que infringen la
ley
El 8 de junio de 2007 entró en
vigencia la Ley 20.084, que establece un sistema de responsabilidad para los
adolescentes infractores a la Ley Penal, quienes entre los 14 y 18 años de edad
cometan delitos. Sin embargo, la ley no define sanciones ni procedimientos para
los niños entre 8 y 14 años que infringen la ley. Los menores dentro de ese
rango etario que incurren en delitos son enviados a centros de protección del
Sename, donde conviven con los menores que nunca fueron adoptados.
El Sename cuenta con un equipo de 24
evaluadores externos para la Región Metropolitana, quienes, además de realizar
esta labor, trabajan como asistentes sociales o psicólogos en fundaciones y
organismos colaboradores. Para este reportaje fue contactada la totalidad de
ese equipo evaluador. Siete accedieron a colaborar. De ellos, cuatro aseguran
que los menores que nunca fueron adoptados ni declarados susceptibles de
adopción conviven con menores que cometen delitos. Los evaluadores explican que
la situación se da principalmente en los Centros de Administración Directa
(CREAD) del Sename, los que acogen a más niños, y no en casas de acogida
privadas.
Rommy Lindemann, asistente social
evaluadora externa del Sename, que trabaja en el Programa de Reparación y
Maltrato (PRM) de la misma institución, señala: “Los menores vulnerados en sus
derechos que no son adoptados, que han delinquido y tienen menos de 14 años se
van a los CREAD. Si en un hogar no lo reciben o no hay vacantes, el juez
determina que debe irse a algún lado. Así todos los niños llegan a los CREAD”,
afirma Lindemann.
“Los niños que infringen la ley y
tienen menos de 14 años van a parar a los CREAD, pero lo más grave aún es que
hay niños de más de 14 que han cometido delitos y han estado en centros de
reclusión y al cumplir su sentencia son derivados por los jueces a protección y
llegan a los CREAD con conductas de cárcel. Influencian a los niños que han
sido vulnerados en sus derechos, abusan de ellos, los maltratan, les quitan sus
cosas y descompensan a los que tienen problemas psicológicos”, cuenta un
educador del Centro de Administración Directa Pudahuel, quien pidió resguardar
su identidad.
Rodrigo Godoy (50), egresado de
Fundación Mi Casa, vivió 12 años en la institución y sabe bien lo que implica
convivir con quienes alguna vez han infringido la ley. “Una vez, estábamos en
la pieza donde veíamos tele en el hogar y unos compañeros que habían estado
castigados por robo comenzaron a incendiar objetos. Al final la pieza se quemó
entera. Estos niños siguieron viviendo en el hogar, hasta que se escaparon un
día”, relata. Violeta Lara (24) se fue de la residencia hace cinco años, pero
cuenta que durante el tiempo que vivió en ella tuvo que convivir con compañeras
que robaban o que abusaban de las otras niñas. “Un día me puse un pantalón que
le gustó a otra chica, como ella era la que movía a todo el grupo, las incitó
para que me pegaran si no le daba la ropa”, recuerda.
Luego de la muerte de un joven de 17
años en el interior del centro de reclusión juvenil de Til Til, el año 2013, Ciper publicó
un artículo sobre el nivel de violencia al interior de los centros del Sename.
Con fotografías mostró a menores portando armas. “Los portadores de esas
‘armas’ son llamados perros o soldados al servicio de
un vivo (líder), rol que cumple el joven que se encuentra al medio de
la foto, montado sobre otro interno a quien le mantiene su rostro aprisionado
con una toalla y que recibe el nombre de perkin, mientras el vivo hace un
gesto con el dedo mayor de su mano derecha. Los perkins suelen ser los
jóvenes más vulnerables, de los cuales el vivo y los soldados
terminan abusando incluso sexualmente. El vivo, por lo general, nunca
aparece como conflictivo delante de los educadores o interventores”, dice el
texto (ver
artículo).
Uno de los factores que incide en que
los menores pertenecientes a los programas de protección del Sename convivan en
los mismos centros con los menores que han infringido la ley tiene que ver con
la falta de claridad de las rutas que siguen los niños dentro del sistema. En
2014 y 2015 el Sename fiscalizó los hogares bajo su administración. El
documento indicó: “Reparos por la carencia de mapas de procesos donde se
definan las responsabilidades y plazos, que esclarezcan los flujos donde
transita el niño/a”. También reconoció: “Falta de registro sistemático de los
niños/as en ADOPSEN” (base de datos de la Unidad de Adopción del Sename) y la
falta de orden y registro en las carpetas con el historial de los menores en el
Sename (Ver documentos: 1– 2).
Al no poder distinguir si un menor de 14 años ha delinquido o no, estos
terminan invariablemente mezclados con quienes no han sido adoptados. El
informe mostró que esta falencia era crítica en la Región Metropolitana. “No
existe un argumento válido para el incumplimiento de esta responsabilidad”,
reconoció la institución en dicho documento (ver
respuesta).
La ruta por un sistema sin protección
Es sábado y a las diez de la mañana
suena cumbia por los parlantes de la casa N°2 del Centro Cerrado de
Reclusión Tiempo Joven, ubicado en San Bernardo. Los adolescentes se levantan
por grupos y en pijama van a buscar su desayuno, una taza de leche fría y un
pan. Es una excepción que a esa hora se encuentren en pie un fin de semana.
Pero 20 de los 23 reclusos de esa sección, participarán en el campeonato de
damas organizado por los funcionarios. Entre ellos, hay un joven que fue
declarado apto para ser adoptado, pero nunca concretó el enlace con una nueva
familia. Creció en las residencias del Sename, delinquió y terminó cumpliendo
condena en este centro.
En la Región Metropolitana hay 7.749
menores viviendo en centros de reclusión, tanto cerrados como semicerrados (ver
documento). Según información obtenida por Ley de Transparencia, 92 de
estos menores provienen del sistema de protección y solo tres estuvieron alguna
vez declarados como susceptibles de adopción, pero no concretaron el enlace (ver
documento).
Víctor Martínez, educador de trato
directo en Tiempo Joven y presidente del Sindicato de Funcionarios del Sename
Provincial del Maipo, afirma: “En mis más de veinte años trabajando acá, he
podido constatar que muchos jóvenes pasan por todas las instancias del Sename.
Ingresan a protección cuando son muy pequeños, pasan a Galvarino, Pudahuel y llegan
a reclusión. Al no tener una red de apoyo o una familia que los contenga, están
en un círculo vicioso donde entran y salen del sistema”.
Bien lo sabe Matías Orellana (48),
quien llegó de tres años a la residencia N°1 de Fundación Mi Casa. No tiene
mayores recuerdos de su familia biológica, tampoco recibió visitas durante los
15 años que vivió en el hogar. A los ocho años intentó irse, cansado de los
golpes que le daba el “tío” para evitar las malas conductas, cuenta. Vagó
pidiendo dinero, hasta que se encontró con una adolescente que vivía en la
calle y, asegura, fue ella quien lo convenció de que volviera a la institución.
Luego de tres días, regresó al hogar y permaneció de manera continua hasta la
mayoría de edad. Nuevamente a la deriva, Orellana fue acogido por una vecina de
la fundación con la que vivió hasta terminar sus estudios.
Su experiencia en el hogar de menores
lo motivó a crear la Fundación de Egresados de Casas de Menores (ECAM), con el
fin de ayudar a los jóvenes que se encuentran institucionalizados y asesorarlos
una vez que salgan de los hogares. Orellana está consciente de las marcas que
deja la institucionalización. “Es impresionante pensar en la cantidad de duelos
que acumulamos quienes fuimos niños, niñas y adolescentes institucionalizados,
ya que la sociedad decidió que éramos merecedores de protección y no fue capaz
de ofrecernos algo más humano”, reflexiona.
La psicóloga Lorena Bustamante
trabaja hace diez años como evaluadora externa y explica: “A los niños que son
más grandes les afecta en mayor medida pasar más tiempo institucionalizados,
porque están tan dañados y no generan vínculos de familia. Muchos de ellos son
adoptados por matrimonios extranjeros, pero esto también afecta, porque cuando
quieran buscar sus raíces vendrán muchas más crisis y les cuesta más encontrar
sus orígenes si quieren buscar de dónde vienen y para dónde van”.
El daño que puede generar permanecer
tantos años viviendo en residencias es directamente proporcional al tiempo que
los menores permanecen en el sistema de protección, aclara Érika Villalobos,
asistente social del Departamento de Adopción del Sename. “Cuando hemos llegado
tarde como sistema, cuando se han tomado decisiones, más bien cuando no se han
tomado decisiones, nos suele pasar que los niños se van quedando y también nos
pasa que a veces la familia biológica no termina siendo nunca una opción para
que ellos vuelvan a vivir con ellos, por eso estimamos que lo más importante es
estimular los Programas de Preparación para la Vida Independiente, para que
estén en un entorno protegido”, explica.
El Programa de Preparación para
la Vida Independiente, comienza después de que el adolescente cumple 15 años y
una vez que el Sename haya comprobado la imposibilidad de vincularlo con
familiares. Es implementado por los asistentes sociales y psicólogos de cada
centro de protección y se lleva a cabo de acuerdo a la evaluación de cada
menor.
Pero Orellana es crítico del programa
mencionado, ya que según él los planes de preparación comienzan días antes de
egresar y consisten solo en charlas sobre la vida fuera del hogar. “Vimos
desaparecer de nuestras vidas, de un momento para otro, a nuestros compañeros
mayores, quienes al alcanzar los temidos 18 años eran egresados del sistema.
Cuando no estaban preparados educacionalmente, ni emocionalmente y, lo peor,
sin una familia que los contuviera. Para quienes les seguíamos en edad, ese
momento era como si un hermano mayor desapareciera. Era como si se hubiera
muerto”, cuenta Orellana.
Durante el transcurso de esta
investigación se consultó a los jefes de las unidades de adopción a nivel
regional y nacional sobre las evaluaciones e iniciativas que fomentan la
adopción de niños mayores de ocho años. Fernanda Galleguillos, jefa del
Departamento Nacional de Adopción del Sename, respondió que el servicio realiza
charlas y talleres en las primeras reuniones de quienes estén interesados en
adoptar. “Se ha instalado la lógica de que realmente tenemos que ampliar la
mirada. Se están haciendo procesos nuevos con los futuros padres, se están
realizando talleres de sensibilización y eso ha permitido ir subiendo la edad
de los niños que son adoptados en Chile”, asegura Érika Villalobos, asistente
social del Departamento de Adopción del Sename. Durante las tres sesiones
dedicadas a esto, se presenta un Power Point con testimonios, videos y
reflexiones para sensibilizar a los asistentes sobre las consecuencias de la
institucionalización en los menores (ver
documento).
Consultado por los documentos que den
cuenta del análisis que ha hecho el organismo sobre la política de adopción de
menores, sus procesos, metas, plazos, criterios y enfoques sociales si
corresponde, el Sename respondió lo siguiente: “Nos resulta imposible entregar
información que pueda dar respuesta a sus requerimientos. Nuestro Servicio no
cuenta con documentos relativos a evaluaciones que se hayan realizado respecto
a políticas de adopción y sus procesos” (ver
respuesta).
fuente:
www.kilometrocero.cl
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URL Abreviada: http://goo.gl/qcmz4c
Osea que si cumples más de 8 años, ni siquiera tienes una oportunidad porque "desprestigiarías al sistema". Como sociedad, debemos pensar en soluciones más humanas.
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